- SE APRUEBAN REFORMAS LEGALES EN LA MATERIA
Guanajuato, Gto., a 9 de abril del 2026.- “Con la aprobación de este dictamen, se dota a Guanajuato de un sistema de prevención moderno, valiente, y se reconoce además que la lucha contra la violencia sexual requiere de datos, de vigilancia y de un compromiso institucional”, señaló el diputado Sergio Contreras Guerrero.
Esto, al hablar a favor de la reforma a diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en esa materia, propuesta por la Gobernadora del Estado, Libia García.
El legislador consideró que “esta acción representa un avance fundamental para la protección de las personas víctimas de delitos sexuales. Estamos reconociendo que la lucha contra la violencia sexual requiere de datos, de vigilancia y de un compromiso institucional. La protección de las mujeres, de las niñas y niños exige que el Estado utilice todos los recursos legales a su alcance para garantizar un entorno libre de violencia”, dijo.
El congresista puntualizó que el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales se constituye como la pieza central de esta reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
“Su finalidad es clara: la prevención de nuevos delitos, la protección efectiva de las víctimas y, de manera crucial, el control de la reincidencia. La operación de este registro por parte de la Fiscalía garantiza que la base de datos sea gestionada por el órgano técnico encargado de la persecución del delito”, remarcó.
Contreras Guerrero subrayó que este registro es una consecuencia jurídica de una sentencia judicial, solamente aplicable a quienes han sido hallados culpables de cometer agresiones sexuales.
Consideró legítimo que la sociedad y las instituciones “podamos saber con quién estamos tratando y tomar decisiones preventivas informadas, ello si consideramos que también subsiste un riesgo después de que la persona sentenciada recobra su vida en comunidad, pues se reabre la posibilidad de contacto directo con potenciales víctimas.
Externó que “en una realidad donde la violencia sexual dejó de ser un tema oculto, privarnos de esta herramienta significa obligar a las familias a vivir con los ojos vendados sobre quién se acerca y convive con sus hijas e hijos.
Es nuestro deber, ante todo, velar por principio constitucional de interés superior nuestras infancias”, concluyó.
