Querétaro

Modificaciones a Código Penal de Querétaro criminaliza protestas sociales, dice abogado

El abogado Saúl Hernández explicó que esas modificaciones implican que ahora toda manifestación contra una obra de gobierno realizada de manera unilateral y sin consultar a la ciudadanía será castigada con prisión, lo que podría llamarse una “ley garrote” en Querétaro.

Domingo Valdez

Querétaro, Qro. 06 de mayo 2020.- El abogado del Grupo de Información en Reproducción Asistida, Saúl Hernández, afirmó que los cambios hechos en el Congreso de Querétaro al Código Penal, en el sentido de que se castigará con prisión a quienes impidan ejecución de obras o acciones de gobierno, tiene dedicatoria a las organizaciones sociales.

Los cambios aprobados al Código Penal de Querétaro la semana pasada por la mayoría panista en el Congreso del Estado señalan, en el artículo 288, que: “Al que por medio de amenazas o de violencia se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan algunas de sus funciones en forma o resista el cumplimiento de un mandato de  autoridad que satisfaga todos los requisitos legales, se le aplicará prisión de tres a cinco años, hasta seis meses de trabajo a favor de la comunidad y hasta 500 veces el valor diario de la Medida y Actualización de multa”.

Mientras que el artículo 289 indica que: “Al que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, dispuestos por la autoridad competente con los requisitos legales o su autorización, se le aplicarán de tres a cinco años de prisión y hasta 200 veces el valor diario de la Medida y Actualización de multa”.

El abogado Saúl Hernández explicó que esas modificaciones implican que ahora toda manifestación contra una obra de gobierno realizada de manera unilateral y sin consultar a la ciudadanía será castigada con prisión, lo que podría llamarse una “ley garrote” en Querétaro.

Lamentó que la mayoría panista en el Congreso de Querétaro use estos tiempos de emergencia sanitaria para esconder entre modificaciones al Código Penal del estado que buscan proteger al personal de Salud, las modificaciones que criminalizan la protesta social.

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